بتاريخ : أغسطس 16, 2025 - 1:03 م
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: Mohamed El Ghaidouni El Morabet
La reciente decisión del Ayuntamiento de Jumilla, apoyada por los votos del Partido Popular (PP) y Vox, de prohibir el uso de las instalaciones municipales para la celebración de fiestas musulmanas ha generado una oleada de indignación entre entidades religiosas, juristas y defensores de los derechos humanos. Esta medida entra en clara contradicción con el espíritu y la letra de la Constitución Española, especialmente con los artículos 14 —que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sin discriminación por motivos religiosos— y 16 —que reconoce la libertad religiosa y de culto—
La prohibición también vulnera la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa y el contenido de los Acuerdos de Cooperación firmados entre el Estado Español y la Comisión Islámica de España, que obligan a facilitar el ejercicio de los derechos religiosos de la comunidad musulmana
Desde hace tiempo, Vox impulsa una campaña mediática y en redes sociales destinada a normalizar la islamofobia, presentando al islam como origen de inseguridad ciudadana, delincuencia, pérdida de empleo y otros problemas sociales. La adhesión del PP a esta línea de acción no solo supone un desplazamiento hacia posiciones de extrema derecha, sino también una renuncia al respeto de su propia legislación, que el mismo partido contribuyó a aprobar
El caso de Jumilla demuestra que la extrema derecha española no se limita ya a la retórica, sino que actúa con el objetivo de fracturar la sociedad y provocar conflictos de carácter racial y religioso. Ante esta situación, las comunidades islámicas en España tienen la responsabilidad de defender los derechos constitucionales de los musulmanes y fortalecer su unidad para garantizar la libertad religiosa y de conciencia
La Comisión Islámica de España, como máximo órgano representativo, debe asumir un papel activo en la denuncia de estos hechos, comparecer ante los medios y, llegado el caso, acudir a la justicia para frenar la islamofobia institucional. El poder judicial, como garante de los derechos fundamentales, está llamado a asegurar la aplicación efectiva de la legislación vigente
Por último, los partidos democráticos deben asumir el compromiso de unirse para establecer un cordón sanitario contra la propagación del odio y promover una contranarrativa que desactive el discurso de la extrema derecha que hoy circula masivamente en las redes sociales
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